Despejando 5 mitos sobre la ley de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia – 2025.
Cuando enfrentamos dificultades financieras, es natural que surjan dudas y temores acerca de las posibles soluciones disponibles. La Ley de Insolvencia Económica en Colombia, diseñada como una herramienta legal para proteger tanto a los deudores como a los acreedores, está rodeada de varios mitos que generan confusión y desalientan a muchas personas de aprovechar sus beneficios. Este artículo busca aclarar algunos de los conceptos erróneos más comunes y explicar cómo esta ley puede ser una solución viable y justa para quienes atraviesan una situación de iliquidez temporal.
Mito 1: ¿Acogerse a la Ley de Insolvencia significa perder todos mis bienes?
Uno de los mitos más comunes es que entrar en un proceso de insolvencia equivale a renunciar al patrimonio personal. Sin embargo, esto no es cierto. La Ley de Insolvencia Económica no está diseñada para despojar al deudor de sus bienes, sino para ofrecerle una oportunidad de reorganizar sus deudas y establecer un plan de pago viable. En muchos casos, el patrimonio del deudor se protege durante el proceso, permitiendo que conserve los activos esenciales para su subsistencia y la de su familia. Además, se suspenden los procesos de embargo y otras acciones legales mientras se negocia con los acreedores, garantizando un marco de protección.
Mito 2: Solo las personas en quiebra total pueden acogerse a la Ley de Insolvencia
Otro concepto erróneo es que esta ley está destinada exclusivamente a quienes han perdido absolutamente todo. En realidad, la Ley de Insolvencia está dirigida a personas que enfrentan una situación temporal de iliquidez, lo que significa que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras en los términos inicialmente pactados, pero que pueden tener ingresos o bienes que permitan cumplir con un plan de pago reorganizado. Este procedimiento busca equilibrar los derechos de los acreedores con las necesidades del deudor, promoviendo soluciones sostenibles y justas.
Mito 3: El proceso de insolvencia es solo para empresarios o comerciantes
Aunque los procedimientos de reorganización empresarial son más conocidos, la Ley de Insolvencia también contempla un procedimiento específico para personas naturales no comerciantes. Este mecanismo está diseñado para quienes, sin ser empresarios, enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras debido a circunstancias como la pérdida de empleo, una crisis económica o gastos imprevistos. La insolvencia de personas naturales no comerciantes permite reorganizar deudas y alcanzar acuerdos con los acreedores, asegurando la estabilidad financiera del deudor y su familia.
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Mito 4: Acogerse a la insolvencia significa incumplir las obligaciones financieras
Lejos de ser un acto de irresponsabilidad, acogerse a la Ley de Insolvencia es una decisión responsable que permite enfrentar las obligaciones financieras desde un marco de legalidad. Este procedimiento no implica evadir deudas, sino negociar condiciones de pago que sean viables para el deudor y justas para los acreedores. El objetivo es garantizar que el deudor pueda cumplir con sus compromisos de una manera sostenible, evitando caer en mora o enfrentar procesos judiciales prolongados y costosos.
Mito 5: El proceso de insolvencia afecta negativamente mi reputación
Si bien es comprensible que algunos deudores se preocupen por el impacto reputacional de acogerse a la Ley de Insolvencia, es importante recordar que este es un proceso legal y transparente que busca soluciones justas para todas las partes involucradas. Además, al evitar el incumplimiento total de las obligaciones financieras, el proceso puede incluso mejorar la relación entre el deudor y los acreedores, ya que demuestra una voluntad clara de resolver la situación dentro de un marco de justicia y equidad.
En conclusión…
Acogerse a la Ley de Insolvencia Económica no es un signo de fracaso, sino una herramienta legal que permite enfrentar las dificultades financieras de manera responsable y organizada.
Este procedimiento ofrece la posibilidad de proteger el patrimonio, reorganizar las deudas y buscar soluciones viables, todo dentro de un marco de legalidad y justicia.
Es fundamental despejar los mitos que rodean a esta ley y comprender que su objetivo principal es brindar una segunda oportunidad tanto a los deudores como a los acreedores, promoviendo la estabilidad económica y social.
